«Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente»

 Dr. Esteban Rodríguez

La «reforma Aído» intenta abrirse camino en la sanidad pública con el miedo como arma preferida por los gobiernos socialistas para frenar las objeciones de conciencia, según denuncian los propios profesionales. En el día a día de la realidad el aborto surge imparable el temor del personal sanitario antiabortista a las presiones de jefes que sí comulgan con la normativa y la angustia a sufrir represalias laborales. Por eso los protagonistas de este reportaje han optado en su mayoría por el anonimato.

En Málaga, el pasado miércoles, una médico de Atención Primaria recibía la denegación de su objeción de conciencia por parte de un superior. «Alega lo que dice la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero: que no estoy directamente implicada», explica. Ella no piensa así: «El aborto tiene que salir de mi consulta. Si no lo firmo, esa mujer no va a llegar nunca a quirófano. Soy un eslabón más de la cadena, en la que están desde la administradora que entrega el documento sellado, hasta la limpiadora que quita el feto muerto».

No es la única en su centro de salud que objeta al aborto, pero tras conocer la censura, varios de sus compañeros prefieren taparse. «El jueves tenía que entregar cuatro objeciones en el registro de entrada, pero dos de mis compañeros me llamaron para pedirme que no lo hiciera», detalla. El contrato de esta profesional concluye en septiembre. En principio, «se me iba a renovar porque estoy la primera en bolsa»; pero ahora teme que «puede que no lo hagan». «Ver que no me he doblegado, que no he agachado la cabeza y continúo mis trámites hacia delante les ha hecho reaccionar negativamente hacía mí».

Los administrativos de los centros de salud también creen tener derecho a objetar. En Castilla y León, una mujer que desempeñó esas labores hasta el pasado año argumenta su negativa a derivar a clínicas privadas a mujeres que querían abortar: «Para mí era una situación muy violenta. No era la ejecutora del aborto, pero formaba parte del proceso: tenía que informar a la mujer y darle instrucciones sobre qué no debía hacer la noche antes del aborto. Era doloroso imaginarte al bebé y pensar que al día siguiente lo iban a asesinar», afirma.

En medio de una doble «inseguridad jurídica», el ginecólogo Esteban Rodríguez denuncia desde Algeciras la «violación del artículo 16 de la Constitución» derivada de la obligatoriedad de «comunicar anticipadamente y por escrito» la objeción. «Tanto que la ley vendía la seguridad jurídica de los profesionales... Será la de los abortistas, la nuestra no».

El código ético

En su hospital, ningún médico «está dispuesto a practicar abortos, ni a cooperar en el procedimiento». Y no se niegan sólo por cuestiones morales o ideológicas, sino por el Código de Ética y Deontología Médica, «de obligado cumplimiento según la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, de 2003, que dice que el médico no ocasionará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera ante petición expresa» y que «al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente».

Rodríguez, portavoz andaluz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, avisa: «No vamos a permitir que una ministra ideológica de Igualdad y otra de Sanidad que no tiene ni idea de medicina vengan a explicarnos nuestra profesión y nuestras obligaciones».

Una de las novedades de la nueva legislación abortiva es la entrega de un sobre informativo a las mujeres que quieran abortar. Es una imposición para los médicos de Atención Primaria a la que María Alonso, que ejerce en Madrid, objeta. «La paciente acude a nosotros en una situación de crisis que no se resuelve con un sobre en el que diga “Aquí se aborta”. Nosotros llegamos más allá porque entendemos su situación familiar, social y económica», expresa.

Gracias a eso, «la mujer sale reforzada y dando las gracias». Frente a «la información absolutamente sesgada de los sobres», que proponen el aborto como la única salida al embarazado imprevisto, Alonso se plantea la insumisión a la ley para aportar más información: «Simplemente con poder girar el ordenador y enseñarles una foto de su hijo, muchas mujeres cambian de opinión. Eso vale más que entregar el sobre». Alonso alerta del peligro de «la entrega sistemática y burocrática de un sobre sellado»: «Los profesionales debemos darnos cuenta de que no es un mero trámite. Lo que más daño puede hacer a la mujer es cerrarle otras puertas».

Los objetores animan a sus colegas a dejar de lado los temores. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera nadie dispuesto a contribuir al aborto? «Quizás haya que plantearse que no es un derecho y que los médicos estamos para ayudar a la vida», sentencia Alonso. «Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente», concluye.

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