«Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente»

 Dr. Esteban Rodríguez

La «reforma Aído» intenta abrirse camino en la sanidad pública con el miedo como arma preferida por los gobiernos socialistas para frenar las objeciones de conciencia, según denuncian los propios profesionales. En el día a día de la realidad el aborto surge imparable el temor del personal sanitario antiabortista a las presiones de jefes que sí comulgan con la normativa y la angustia a sufrir represalias laborales. Por eso los protagonistas de este reportaje han optado en su mayoría por el anonimato.

En Málaga, el pasado miércoles, una médico de Atención Primaria recibía la denegación de su objeción de conciencia por parte de un superior. «Alega lo que dice la consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero: que no estoy directamente implicada», explica. Ella no piensa así: «El aborto tiene que salir de mi consulta. Si no lo firmo, esa mujer no va a llegar nunca a quirófano. Soy un eslabón más de la cadena, en la que están desde la administradora que entrega el documento sellado, hasta la limpiadora que quita el feto muerto».

No es la única en su centro de salud que objeta al aborto, pero tras conocer la censura, varios de sus compañeros prefieren taparse. «El jueves tenía que entregar cuatro objeciones en el registro de entrada, pero dos de mis compañeros me llamaron para pedirme que no lo hiciera», detalla. El contrato de esta profesional concluye en septiembre. En principio, «se me iba a renovar porque estoy la primera en bolsa»; pero ahora teme que «puede que no lo hagan». «Ver que no me he doblegado, que no he agachado la cabeza y continúo mis trámites hacia delante les ha hecho reaccionar negativamente hacía mí».

Los administrativos de los centros de salud también creen tener derecho a objetar. En Castilla y León, una mujer que desempeñó esas labores hasta el pasado año argumenta su negativa a derivar a clínicas privadas a mujeres que querían abortar: «Para mí era una situación muy violenta. No era la ejecutora del aborto, pero formaba parte del proceso: tenía que informar a la mujer y darle instrucciones sobre qué no debía hacer la noche antes del aborto. Era doloroso imaginarte al bebé y pensar que al día siguiente lo iban a asesinar», afirma.

En medio de una doble «inseguridad jurídica», el ginecólogo Esteban Rodríguez denuncia desde Algeciras la «violación del artículo 16 de la Constitución» derivada de la obligatoriedad de «comunicar anticipadamente y por escrito» la objeción. «Tanto que la ley vendía la seguridad jurídica de los profesionales... Será la de los abortistas, la nuestra no».

El código ético

En su hospital, ningún médico «está dispuesto a practicar abortos, ni a cooperar en el procedimiento». Y no se niegan sólo por cuestiones morales o ideológicas, sino por el Código de Ética y Deontología Médica, «de obligado cumplimiento según la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario, de 2003, que dice que el médico no ocasionará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera ante petición expresa» y que «al ser humano embrio-fetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente».

Rodríguez, portavoz andaluz de Ginecólogos por el Derecho a Vivir, avisa: «No vamos a permitir que una ministra ideológica de Igualdad y otra de Sanidad que no tiene ni idea de medicina vengan a explicarnos nuestra profesión y nuestras obligaciones».

Una de las novedades de la nueva legislación abortiva es la entrega de un sobre informativo a las mujeres que quieran abortar. Es una imposición para los médicos de Atención Primaria a la que María Alonso, que ejerce en Madrid, objeta. «La paciente acude a nosotros en una situación de crisis que no se resuelve con un sobre en el que diga “Aquí se aborta”. Nosotros llegamos más allá porque entendemos su situación familiar, social y económica», expresa.

Gracias a eso, «la mujer sale reforzada y dando las gracias». Frente a «la información absolutamente sesgada de los sobres», que proponen el aborto como la única salida al embarazado imprevisto, Alonso se plantea la insumisión a la ley para aportar más información: «Simplemente con poder girar el ordenador y enseñarles una foto de su hijo, muchas mujeres cambian de opinión. Eso vale más que entregar el sobre». Alonso alerta del peligro de «la entrega sistemática y burocrática de un sobre sellado»: «Los profesionales debemos darnos cuenta de que no es un mero trámite. Lo que más daño puede hacer a la mujer es cerrarle otras puertas».

Los objetores animan a sus colegas a dejar de lado los temores. ¿Qué pasaría entonces si no hubiera nadie dispuesto a contribuir al aborto? «Quizás haya que plantearse que no es un derecho y que los médicos estamos para ayudar a la vida», sentencia Alonso. «Hay a quien le preocupa el cumplimiento de la ley, pero al médico lo que le preocupa es ayudar a la paciente», concluye.

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Un médico perseguido por defender la vida

Hace dos semanas dábamos cuenta de la odisea de Fernando Viguirer, un camionero de Zaragoza que estuvo un día en el calabozo por hacer una pintada contra el aborto.
Ahora se trata de un médico, objetor de conciencia en materia de aborto, que ha sido sancionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Se trata del doctor Antonio Zayas, del Hospital de la Merced de Osuna (Sevilla). La concejala de IU, Francisca Díaz Roldán, demandó a todo el equipo de ginecología del centro por no haber detectado a tiempo malformaciones en el niño que tuvo. Pero Zayas fue el único represaliado.

Quien, en todo caso, debería haber sido sancionado por el SAS era otro médico, Jiménez Ruiz, que en una ecografía anterior no detectó nada anormal.

Pero quien realmente fue penado con dos meses de empleo y sueldo por la inspección del SAS fue Zayas, el único facultativo del Hospital de la Merced que siempre ha invocado la objeción de conciencia, apelando al Juramento de Hipócrates y a la Constitución (art. 16.1) ¿Mera casualidad?

La historia es la siguiente:
Francisca Díaz Roldán, concejala de IU de Villanueva de San Juan, acude al Hospital de la Merced de Osuna en septiembre de 2001 embarazada de 20 semanas. El doctor Jiménez Ruiz le hace una ecografía en la que se informa que el niño no ofrece anomalía. La concejala comunista respira tranquila porque sus antecedentes familiares apuntan a riesgos fetales, circunstancia que nunca puso de manifiesto. Pero la ecografía da luz verde.

En caso contrario, Francisca se habría liberado del feto, porque se considera en el derecho a decidir si continuar o no con el embarazo en caso de que su hijo presentara malformaciones severas múltiples. Pero el ecógrafo no detectó nada. Se trataba de un aparato de más de 10 años y los expertos señalan que con más de cinco años sus diagnósticos son poco fiables.

El 21 de diciembre Francisca vuelve a su centro de salud a hacerse otro reconocimiento... con el mismo resultado. Pero no se queda tranquila y el 3 de enero de 2002 acude a la consulta privada del Dr. Tello, que sospecha de quiste fetal, aunque no emite informe alguno.

Al día siguiente -ya en su semana 34, 12 más que las 22 dispuestas por la ley para el aborto por malformación del feto- vuelve a acudir a la Merced. Le atiende Antonio Zayas quien, a la luz de la ecografía de Tello, le detecta un quiste de 66 milímetros, y hace un diagnóstico de un eventual corioangioma (tumor de la placenta). El 21 de enero, Zayas insiste en su diagnóstico tras hacer otra ecografía a Francisca.

El parto se produce, por fin, el 16 de febrero, siendo atendida Francisca por los doctores Zayas y Silvam. A las 24 horas, el hijo es trasladado al Virgen del Rocío de Sevilla, hospital con más medios para intervenir al bebé de sus dolencias. Pero la concejala comunista acude al centro de Osuna enfurecida por haber sido madre de un niño malformado.

Por ello, en junio de 2002, decide denunciar a todo el equipo de ginecología del Hospital de Osuna y a su director. Se nombra inspector a Joaquín Torres, quien a pesar de la demanda de Francisca Díaz sólo se dirige contra Zayas y el Dr. Guillermo Pradas, "curiosamente" los dos únicos médicos objetores de conciencia del centro. Pradas se prejubiló, paralizando así la actividad inspectora.

Todo el peso de la inspección recayó, entonces, sobre Zayas.
El SAS concluyó que hubo error en el diagnóstico y negligencia por no haber remitido a la paciente a un centro con más medios. Y Zayas fue sancionado.

Ésta es la historia del abuso de la administración sanitaria de Chaves. Además, la concejala de IU nunca informó sobre sus antecedentes familiares, ocultando una información esencial para el diagnóstico.

Pero hay más: el dictamen del Dr. Zayas fue de un eventual corioangioma, que en cualquier caso habría tenido el mismo seguimiento ginecológico que el mielomeningocele, que efectivamente padecía el hijo de su paciente. Y si no acertó en el diagnóstico fue porque el instrumental no era el más adecuado y la saturación sanitaria tampoco.

La concejala esperaba que el doctor Zayas hiciera un fraude de ley bastante habitual: ofrecer el aborto por la vía terapeútica, sin plazo legal. Es decir, simular peligro para la integridad física o psíquica de la madre.

O quizás esperaba que le cayeran 6.000 euros como a la mujer cordobesa que abortó tarde por el "coladero" del aborto mal llamado terapéutico, porque los médicos no detectaron una malformación que hacía inviable al feto. Se entendió entonces que se le había producido a la madre un "daño moral".

Una doctrina que, por cierto, empieza a asentarse en nuestra jurisprudencia en sendas sentencias del Tribunal Superior de Valencia y de la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional (Nº Recurso 91/2000. Fecha 6 de junio de 2001. Ponente: José Luis Requero)

Por otra parte, el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Ámsterdam ya argumentaba en un informe de 1998 la necesidad de ampliar el aborto eugenésico al tercer trimestre cuando no se pudieron detectar malformaciones durante el segundo. Una práctica justificada por el Tribunal de Primera Instancia de Montpellier en sentencia de 15 de diciembre de 1989.

O sea, lo manifestado por la concejala Francisca Díaz Roldán: "Toda mujer debe  tener derecho a decidir la maternidad de un hijo con malformaciones múltiples severas".

Luis Losada