Como no creyente en la otra vida me repugna sobremanera cualquier homicidio; pero el de individuos indefensos (criminales incluidos), perpetrado al amparo de una ley, me revuelve el estómago. Como médico sé que el embrión es la primera fase de la vida de un ser humano, seguida de las de feto, neonato, lactante, niño, adolescente, adulto y anciano si vive lo suficiente. Y como ciudadano me someto al imperio de la ley, aunque la 'de Reproducción Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo' recién aprobada por las Cortes me produzca náuseas intelectuales. Pues, como libre opinador, considero esta norma legal, que consagra el aborto libre en las 14 primeras semanas como un derecho de la mujer, nuestra peor tragedia nacional desde la guerra civil. Promulgada pretextando la supuesta inseguridad jurídica de las abortadoras, sin que ni una fuera penalizada con la ley anterior, esta atroz normativa se basa en la no consideración jurídica del nasciturus como el ser humano con derecho a la vida que es.
Resulta de un cinismo insoportable que para «garantizar la dignidad y el desarrollo de la persona y su integridad física y moral» (se refiere a la abortadora) haya que eliminar a otra sin defensa posible, y su arbitrariedad es tan absurda que permite desembarazarse sin explicaciones de un embrión sano en la 14ª semana pero exige la autorización de un comité clínico para hacerlo del grave e incurablemente enfermo en la 15ª.
El legislador, además, adopta como definición de salud la utópica y trasnochada de la OMS: «Completo bienestar físico, psíquico y social» (sólo alcanzable, quizá, en el orgasmo simultáneo), y se saca de la manga los conceptos sociopolíticos de «salud sexual» y «salud reproductiva», carentes de rigor científico, cuya salvaguardia justificaría la aberración. Esta nueva ley del aborto significa la apoteosis del feminismo radical zapaterista, para el cual el hijo lo es sólo de su madre y mientras esté en su seno puede hacer con él lo que quiera, incluso asesinarlo. E incluir como prestación sanitaria pública la extirpación del embrión sano como si fuera un tumor o una tenia (¿cabe mayor corrupción del acto médico que dar muerte en lugar de preservar la vida?) convierte a los hospitales en centros de exterminio prenatal.
Pues allá con su conciencia los políticos que han impulsado y aprobado esta triste ley que tan obscenamente felices ha hecho a las miembras del partido promotor, sus votantes y quienes posibiliten su ejecución quebrantando el juramento hipocrático de no administrar abortivos. Entre todos han añadido un nuevo capítulo a la vieja historia universal de la infamia.
Fernando Sáez Aldana es médico
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