Médicos: el derecho a no matar

La negativa de dos anestesistas a colaborar en la ejecución de una pena de muerte en California ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ética de los médicos ante el final de la vida. Brad Knickerbocker analiza en "Christian Science Monitor" esta polémica en relación a la pena de muerte, el suicidio asistido y los interrogatorios a prisioneros (24 febrero 2006).


Michael Morales, condenado a muerte en California por violación y asesinato, tenía que haber sido ejecutado el pasado martes pero aún sigue vivo. Su abogado alegó que la inyección letal era un castigo cruel que viola la Octava Enmienda, y el juez del distrito ordenó que le asistieran dos anestesistas que garantizaran que no se le infligía un dolor innecesario. Pero los dos médicos se negaron a participar alegando motivos éticos.

Aunque la ejecución se ha aplazado, dice Knickerbocker, el debate está servido: "¿Debe un médico colaborar en una ejecución?" "Dejando a un lado la espinosa cuestión del aborto, la polémica sobre los médicos y el final de la vida se plantea también en el ámbito de las leyes que permiten el suicidio asistido como la que está vigente en el estado de Oregón". Desde 1997, la ley permite allí el suicidio con cooperación médica a los pacientes cuya esperanza de vida no sobrepase los seis meses (ver Aceprensa 157/97). En la actualidad, otros estados están considerando aprobar leyes parecidas.

Sin embargo, como explica Knickerbocker, también hay estados que se han alineado en la tendencia opuesta. "La Asociación Médica de California ha propuesto introducir medidas legislativas que impidan a los médicos colaborar en las ejecuciones de penas de muerte. En al menos doce estados se están debatiendo proyectos de ley que permitirían a médicos, enfermeras, farmacéuticos y demás personal sanitario, ampararse en la objeción de conciencia para no colaborar en dar muerte a otras personas".

Para Knickerbocker, la lógica que está detrás de estas medidas es que los médicos "tienen la obligación ética y profesional de hacer todo lo posible por salvar vidas humanas, no para terminar con ellas". En este sentido, recuerda el texto básico de la Asociación Médica Americana: "Como miembro de una profesión ordenada a salvar vidas mientras existan posibilidades, un médico no debería participar en una ejecución legalmente autorizada".

En los últimos meses, el debate se ha planteado en un nuevo escenario: la base de Guantánamo y otras prisiones a cargo de Estados Unidos. En ocasiones, el ejército pide la colaboración de psiquiatras para interrogar a los detenidos. En principio esto no debería plantear problemas éticos, pero la realidad es que los abogados de algunos prisioneros han denunciado torturas psíquicas. Según informa Knickerbocker, el año pasado un general del ejército norteamericano presentó un escrito ante el Pentágono en el que aconsejaba que los psiquiatras no participasen en los interrogatorios. La recomendación fue desoída.

A la polémica de los interrogatorios se ha sumado recientemente la cuestión de la alimentación forzosa a los prisioneros. Para algunos altos cargos del ejército, la intervención de los médicos en estos casos sí está justificada, pues el resultado es que salvan vidas. Pero muchos médicos ven las cosas de otra manera y creen que es preferible mantenerse al margen.


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