Infanticios

«En España se puede abortar hasta los nueve meses, si pagas»,
aseguran médicos catalanes
La organización británica que envía a la clínica «Ginemedex» embarazadas de más de 24 semanas para que aborten en Barcelona dice que sólo asesoran

BARCELONA/LONDRES. La noticia que destapó el «The Sunday Telegraph» sobre los abortos ilegales que se practican en Barcelona a mujeres británicas no ha pillado por sorpresa a algunas entidades que, según afirman, llevan años denunciando las prácticas abortistas ilegales en clínicas de la Ciudad Condal y en el resto de España. Es más, según afirmó a ABC el presidente de Médicos Cristianos de Cataluña (MCC), José María Simón Castellví, la noticia que se publica en el rotativo inglés ha sido fruto de las «gestiones» de varias entidades españolas que abogan por la «cultura de la vida».

Simón no quiso especificar quién se encargó exactamente de poner sobre aviso al «The Sunday Telegraph» de los abortos que se practicaban en la Clínica barcelonesa Ginemedex, pero anunció que saldrán otras informaciones de este tipo en medios de comunicación de Estados Unidos.

El presidente de Médicos Cristianos de Cataluña se lamenta de que las denuncias que han presentado en Barcelona y España contra las clínicas abortistas no hayan surtido efecto, y hayan sido archivadas. «Hemos ido a los juzgados y hemos denunciado a la Fundación Morín (una institución que preside el doctor Carlos G. Morín, quien también dirige el grupo Barnamedic.com, del que es miembro Ginemedex)». «A veces, el fiscal que atiende la denuncia es de un talante, y luego el juez, de otro...», se lamenta Simón. «En España existe un fraude de ley. Se puede abortar, si pagas, a los nueve meses», afirmó Simón.

El presidente de MCC señala que la entidad que encabeza, así como otras que se engloban en la citada «cultura de la vida» (antiabortistas, contrarios a la eutanasia...), están en contra del aborto sin excepciones, como las que prevé la ley española. Con todo, añade, «pedimos que, al menos se cumpla la ley, y sólo se puede abortar en los supuestos que marca el Código Penal».

Sobre este asunto, la Generalitat de Cataluña, a través de su Departamento de Salud, comunicó ayer que ya ha pedido la información a la Clínica Ginemedex para elaborar un informe definitivo al respecto.

En el Reino Unido, el desvío de abortos tardíos desde el servicio público de British Prenancy Advisory Services (BPAS) a la clínica barcelonesa, también ha desencadenado una gran polémica. Entidades británicas contrarias al aborto han reclamado una inmediata investigación han advertido que BPAS puede estar vulnerando la propia ley británica, que considera ilegal «todo lo que sea haga con el propósito de procurar abortos» fuera de los casos previstos por la legislación.

El ministro de Sanidad, John Reid, ha solicitado a «The Sunday Telegraph» toda la información reunida por este periódico con el fin de poder actuar contra BPAS, el principal ejecutor de abortos del país, que cuenta con una importante subvención pública.

La directora general de esta organización, Ann Furedi, considera que BPAS actúa adecuadamente al aconsejar a mujeres con embarazos de más de 24 semanas que acudan a Ginemedex, ya que sería «moralmente reprobable» no prestarles ayuda. Y comparó esta situación con las mujeres irlandesas que acuden a abortar al Reino Unido debido a la prohibición de la interrupción del embarazo en Irlanda. No precisó que esas mujeres se someten a una intervención que es legal en territorio británico, mientras que BPAS invita a quebrantar la ley española. «Nada de lo que hacemos es ilegal. Simplemente damos a las mujeres contactos internacionales de clínicas en las que se les puede ayudar», aseguró Furedi.

«Turismo del aborto»

Esta posición fue criticada desde las organizaciones en defensa de la vida. Así, la Sociedad para la Protección de Niños No Nacidos clamó por el fin de este «turismo del aborto». «Se han tomado la molestia de asegurarse de que el servicio se llevaba a cabo, pero justamente fallaron al comprobar si era legal. Esto es hipocresía sobre hipocresía», afirmó su secretario general, Paul Tully. «Los abortos tardíos suponen un alto riesgo para la madre y BPAS no se ha responsabilizado de la atención posterior de esas mujeres intervenidas en España», denunció.

Esta polémica se produce cuando en el propio Reino Unido hay un amplio debate sobre la conveniencia de restringir la ley del aborto. La legislación británica permite el aborto libre dentro de las 24 semanas de gestación. ese periodo sólo puede excederse en tres supuestos: la prevención de un grave y permanente daño en la salud física o mental de la madre, un riesgo de seria minusvalía del feto y que la continuación del embarazo suponga un riesgo para la vida de la madre mayor que el de concluir la gestación.