AVA pide subveción hasta los tres años

Las Víctimas del Aborto piden que la maternidad sea subvencionada durante el embarazo y hasta los tres años del niño

La Consejera de Salud catalana, Marina Geli, va a llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad la propuesta de que los españoles paguemos con nuestros impuestos las interrupciones voluntarias del embarazo. Esta noticia ha provocado la reacción de víctimas del aborto de toda España pidiendo apoyo en la maternidad y no soluciones violentas ante un embarazo no deseado.

El aborto no es una solución digna para una mujer y es malo para la salud: atenta gravemente contra su cuerpo y elimina la vida de su hijo que está creciendo en su seno. Es un acontecimiento traumático grave en la vida de las mujeres y sus parejas. La Consejera de Salud pide que se hagan a costa de todos los españoles las intervenciones que eliminan ese embarazo. Es patente su desconocimiento acerca de el grave trauma que deja el aborto en las vidas de los implicados. Y también parece desconocer que el aborto ya se subvenciona en toda España por parte de los servicios sociales y por eso existen iniciativas como Impuesto por la Vida en España.

Las numerosas mujeres y sus parejas que se han acercado a la Asociación de Víctimas del Aborto en España lo han manifestado así. Cuenta una mujer de 27 años que abortó hace cinco años: "Nunca volvería a hacerlo, no sé cómo nadie me dijo todo lo que me iba a pasar después: tuve una depresión tremenda y una angustia vital horrible y mi pareja no pudo aguantar lo sucedido y me abandonó después del aborto." No hubo consentimiento informado, obligatorio con todo detalle por Ley 41/2002. Los que le hicieron el aborto no le hablaron de secuelas psiquiátricas o físicas que existen y que están comprobadas científicamente que acarrea un aborto.

No es justo que se siga subvencionando como se realiza la interrupción voluntaria del embarazo en España y que no se apoye la maternidad en dificultad de manera equitativa. El aborto en las clínicas privadas es costeado en un porcentaje muy elevado por los ayuntamientos y servicios sociales, además de la Federación de Planificación Familiar, de forma que la mujer no tiene que pagar nada. La población española se mostró en la última encuesta del CIS sobre el aborto poco tolerante al mismo en un 52% de los encuestados. Esto fue en el 2002. No quieren seguir pagando abortos con el dinero público, que es de todos, y sí desean que se den todas las ayudas para que esa familia pueda continuar y seguir adelante.

Cuenta otra víctima del aborto: "Ninguna mujer quiere matar a su hijo. Todas sabemos que tenemos un nuevo ser humano en nuestras entrañas desde que sabemos que estamos embarazadas o antes. Claro que sabe que lleva a su hijo dentro... la mujer nunca quiere el aborto, quiere solucionar el problema externo de la soledad, la exclusión o la pobreza. A mí me echaban del trabajo si no abortaba...".

Consciente de esta grave injusticia para las mujeres, la Presidenta de la Asociación de Víctimas del Aborto, Carmina García-Valdés, ha pedido al Consejo Interterritorial de Sanidad que "En representación de todas las mujeres que han sufrido un aborto provocado, la maternidad sea subvencionada desde el conocimiento del embarazo hasta los tres años de edad del niño en los casos en que la madre lo pida y sea estudiado como necesario para la viabilidad del embarazo. El sueldo para la madre debería ser, al menos, equivalente al salario mínimo interprofesional." Se trata de que en España existan, al menos, las mismas oportunidades para ser madre y seguir con el embarazo y para abortar. La maternidad, además de realizar a la mujer en muchos aspectos y a la pareja, es un servicio social primario, ya que la natalidad y crecimiento demográfico del país está supeditado a ésta.

En España, a pesar de que el RD 2409/1986 exige que se ofrezcan otras medidas sociales y alternativas al aborto antes del mismo, sólo se ofrece como posible interrumpir el embarazo, y si la mujer no tiene medios, se le subvenciona por el ayuntamiento, pagando este coste todos con nuestros impuestos. Esta realidad es una infracción administrativa y una injusticia grave.

Victoria Uroz -

(Noticias)

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