Hay que derogar la ley del aborto

José Javier Esparza

28 de diciembre de 2005. En 2004 hubo en España 84.985 abortos; un aborto por cada cinco nacimientos. Son datos oficiales que superan incluso las negras previsiones del Instituto de Política Familiar. Esa cifra de vidas truncadas significa un aumento del 6,5% respecto a la del año anterior, la cual, a su vez, también aumentaba la del año precedente. Desde que se despenalizó el aborto, en 1985, y hasta 2003, se contabilizaba un número acumulado de unos 850.000 abortos. Con estas nuevas cifras, más las aún no computadas de 2005, ya superamos el millón. En veinte años han sido suprimidos un millón de españoles. Con razón se ha hablado de holocausto silencioso.

Hoy, cuando la genética nos ha enseñado que cada ser posee un código único e individual desde su concepción, debería estar más claro que nunca que todo aborto es un homicidio. "Eso" que se aborta no es un tumor, una excrecencia: es una persona, una identidad. Y nadie puede otorgar a una persona el derecho a suprimir la vida de otra persona, porque el derecho a la vida es universal por definición. Todas estas cosas sólo pueden negarse desde la ceguera o desde la mala fe. Sin embargo, hoy, en España, el aborto es una práctica generalizada. Es la macabra metáfora de una sociedad que desea exterminarse a sí misma.

España despenalizó el aborto en 1985. El Estado no lo "legalizó": se limitó a retirar la proscripción penal en tres supuestos: riesgo de malformaciones del feto, violación, peligro para la salud (física o psíquica) de la madre. Aquel gobierno lo presidía Felipe González; el ministro de Sanidad era Ernest Lluch. Con el tiempo, y ante la pasividad de los distintos gobiernos estatales y autonómicos, los tres supuestos despenalizados fueron virando hacia la consideración de "derechos". En particular, el supuesto de "peligro para la salud de la madre", por su ambigüedad, se convirtió en un auténtico coladero para abrir la puerta al aborto libre. La ideología no ha sido un obstáculo. Cuando más se ha abortado ha sido con los gobiernos Aznar: con una administración central ausente, las autonomías han aplicado el aborto a su libre albedrío. Hoy, en España, nadie pide una legislación de aborto libre; sencillamente, ya es una realidad de hecho.

El magistrado José Luis Requero, vocal del poder judicial, ha denunciado el absurdo jurídico de esta situación: una despenalización parcial termina convirtiéndose en "derecho" por simple desidia política. Pero los políticos no son los únicos responsables: habría que apuntar también a los profesionales de la sanidad, de la judicatura y de la comunicación, que con escasísimas excepciones comulgan con la insensatez nihilista. Da la impresión de que empieza a hacer falta un buen golpe de fusta sobre ciertas conciencias.

Requero ha propuesto la derogación de la Ley del Aborto. Es una bandera por la que vale la pena pelear. La sostienen un millón de inocentes.

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