Tras meses de espera y a pocos días de la toma de posesión de Obama como presidente, el Gobierno estadounidense ha aprobado las nuevas normas que reconocen la objeción de conciencia para los sanitarios, incluida la posibilidad de negarse a administrar la abortiva píldora del día después.
NOTICIAS GLOBALES.- Tras varios meses de espera, el 18 de diciembre pasado, el gobierno estadounidense dio a conocer las nuevas normas para la protección del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y de las instituciones proveedoras de servicios de médicos, en temas relativos al aborto quirúrgico, servicios de salud reproductiva, anticoncepción de emergencia, etcétera, incluso en aquellos casos de mujeres que aducen haber sido violadas.
La regulación reglamenta tres leyes federales, de 1973, 1996 y 2004, que reconocen la objeción de conciencia para los centros de salud y el personal médico, e incluye la posibilidad de negarse a administrar la droga abortiva mifepristona (RU 486) y la píldora del día después.
Las normas comprenden a todas las instituciones y programas que reciben fondos federales, contemplan sanciones para quienes las incumplan y obligan a los proveedores de salud a comprometerse por escrito a cumplirlas.
Se trata de, entre otras cosas, evitar toda discriminación injusta contra el personal de salud, por ejemplo: negarse a contratar o despedir a aquellos que se nieguen a atentar de cualquier forma contra la vida humana, promover o provocar la pérdida de su certificación profesional, o exigirles que para obtenerla cometan actos contra la vida humana. "Estamos tratando de proteger el derecho de los profesionales a practicar la medicina de acuerdo a sus convicciones morales", ha declarado Michael Leavitt, Secretario de Salud.
La reglamentación entrará en vigor dos días antes de que Barack Obama se haga cargo de la presidencia de EE.UU.
Largo proceso
El 15 de julio pasado, The New York Times, vocero del lobby pro abortista, dio a conocer en exclusiva y con gran alarma el borrador del Departamento de Salud (DHHS) del gobierno de George Bush sobre la nuevas normas para preservar el derecho humano básico a la objeción de conciencia.
Inmediatamente, el 18 de julio, el Cardenal Justin Rigali, presidente del Comité de Actividades Pro-Vida de la Conferencia Episcopal de EE.UU., escribió a todos los miembros del Congreso en defensa "los esfuerzos para reafirmar y aplicar las leyes sobre la protección de la conciencia". Si los pro-choice"(pro-elección, abortistas) son sinceros, no tendrán inconveniente en que cada profesional pueda actuar según sus propias elecciones personales; por su parte, también las mujeres que respetan la vida de sus hijos no-nacidos, tienen derecho a ser atendidas por médicos que compartan sus convicciones, decía Rigali en la carta.
No faltaron las críticas al gobierno y al Cardenal Rigali, por ejemplo por parte de Hillary Clinton, futura Secretaria de Estado del gobierno entrante del abortista, Barack Obama y Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes del Congreso. Los argumentos de éstos y otros abortistas fueron que las nuevas medidas "atentaban contra el derecho a la salud de las mujeres".
Hacia fines julio, el actual presidente electo Barack Obama, senador en ese momento, se dirigió con otros miembros de la Cámara al Secretario de Salud instándolo a abandonar el proyecto.
Oposición de procuradores generales
El 27 de diciembre, al Procurador General de Connecticut, Richard Blumenthal, haciéndose eco de los argumentos de los principales grupos pro-aborto (Planned Parenthood, NARAL), anunció que encabezaba la oposición a las nuevas reglas y que había formado una coalición con los procuradores generales de 13 estados con el fin de acudir a la Corte para anularlas. Componen el grupo Connecticut, Arizona, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Montana, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island, Utah y Vermont.
Adopcion Espiritual
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